La búsqueda de una transición energética justa en Colombia

Escrito por Paulo Alfaro 

La transición energética presupone transformar la forma de producir y consumir energía en un determinado territorio. Consciente de la importancia de adherirse a esta transformación, el gobierno colombiano anunció que la transición será un pilar fundamental para desarrollar el sector energético en el país. Para ello, espera contar con la capacidad de inversión de players privados -especialmente en tecnología- y con el diálogo con las comunidades. 

Entienda el camino hacia la meta, a partir de las conclusiones del club meeting realizado por GRI Club Infra en Bogotá, que contó con la participación del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La búsqueda de una transición energética gradual

El mensaje del gobierno colombiano es claro: la transición energética debe ser justa. Esto implica promover un diálogo social eficaz entre las comunidades afectadas e integrar distintos tipos de energía para atraer inversiones e innovación. Es importante destacar que Colombia ya cuenta con una matriz energética renovable del 70% a través de la producción hidroeléctrica.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el gas natural asume un papel esencial en el cumplimiento de cuatro objetivos: reducción de la pobreza, alcanzando a dos millones de usuarios que no cuentan con el servicio; industrialización de Colombia, reduciendo las emisiones de CO2 hasta en un 50% y garantizando la operación continua de los sistemas; producción de fertilizantes locales, siendo una señal para los inversionistas que deseen invertir en el segmento; y descarbonización del sector de transportes, que representa el 12% de las emisiones nacionales.

También se trabajará en la descarbonización del transporte de mercancías. Aunque la electrificación de los vehículos privados es una realidad, el escenario no es el mismo en el segmento en cuestión. El sistema de baterías y también el hidrógeno aún no se han desarrollado para que puedan producirse a gran escala. En un intento por revertir la situación, el Gobierno ha creado un fondo para que las empresas de gas natural financien a los transportistas independientes, una iniciativa que el presidente Gustavo Petro denomina "Economía Popular". 

Sin embargo, para que estos y otros propósitos se logren, es necesario que el licenciamiento ambiental presente condiciones favorables. Por esta razón, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) empezará a definir la ruta para construir, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que se requiere para cada uno de estos proyectos, con recursos superiores a los 135 mil millones de pesos en cada uno de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. También se definirán las líneas de base ambientales antes de la ejecución de los mismos.


Otra línea de acción importante es la iniciativa denominada "La Estrategia Territorial de Hidrocarburos", que promueve la construcción participativa de un desarrollo humano sostenible en las regiones con actividad hidrocarburífera. La iniciativa surge para superar las limitaciones de la Dirección Nacional de Consulta Previa, que depende directamente del Ministerio del Interior y que muchas veces no puede soportar coordinar todos los proyectos.


En la reunión también se destaca la oportunidad de reglamentar la Ley de Consulta Previa, proceso por el cual los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianos y gitanos son consultados y tienen derecho a participar en la toma de decisiones y planeación de proyectos que afecten sus territorios, vida, cultura y derechos humanos. 

La iniciativa es considerada por las autoridades como una deuda histórica que no ha sido pagada. El hecho de que el actual gobierno establezca una estrecha relación con las bases sociales sería una ventaja para que finalmente esta regulación sea una realidad.

En contacto con las comunidades 

El aspecto social fue destacado en el encuentro, dada la prioridad de realizar inversiones en las comunidades donde el carburo y las distintas fuentes de energía están más presentes. 

“Como nación tenemos una deuda con las comunidades que han habitado los lugares, precisamente de los cuál hemos sacado los ingresos fiscales del país, así que la visión del Gobierno Nacional es migrar a un modelo en donde se integre a la comunidad, donde precisamente se empieza a pagar esta deuda histórica”, explica una de las autoridades presentes. 

El gobierno ha trabajado directamente con comunidades y jóvenes de varias regiones de Colombia, dándoles un papel activo en la elaboración de propuestas para alcanzar la soberanía energética. El tema central ha sido la importancia de considerar el hidrógeno en el proceso -un elemento en el que las autoridades han expresado su deseo de que invierta el sector privado. 

Uno de los participantes advierte sobre la necesidad de acertar en la comunicación, haciendo el lenguaje más accesible a la gente de ese territorio, haciéndoles entender que los hidrocarburos y otras fuentes de energía pueden ser explotadas de manera ambientalmente responsable y, al mismo tiempo, generar beneficios para las comunidades.

Cabe destacar que el sector de hidrocarburos ha generado 31 billones de pesos en regalías para los próximos dos años. A mediados de abril, el fondo de ingresos tenía más de 9 billones de pesos sin ejecutar por falta de proyectos: “No es que no haya plata, es que no hay proyectos o no hay capacidades para construir proyectos que se traduzcan en beneficios para los territorios”, lamenta uno de los participantes.

La financiación de las energías renovables

Dos retos se oponen a la consolidación de las energías renovables en Colombia: el capital necesario y la base tecnológica. En el caso de esta última, el sector privado desempeña un papel esencial en la inversión. 

Después de que las compañías invirtieron en pilotos de hidrógeno, las empresas de gas natural están dirigiendo su atención al biogás y al biometano como alternativas para descarbonizar algunas industrias

En cuanto al reto del capital, durante la reunión se mencionó a Alemania como ejemplo de fuerza financiera capaz de tomar ciertas decisiones. En un momento determinado prohibió por completo el petróleo y el gas. Y resulta que, debido a la guerra de Ucrania, tuvo que volver a la generación con carbón, contaminando mucho más que antes. El país europeo ha invertido más de mil trillones de euros y sólo ha logrado transformar su matriz energética al 45% de renovables -esto de 2010 a 2023.

Colombia, por su parte, no tiene la misma fortaleza financiera para financiar la transición, necesitando utilizar los recursos generados por el sector de hidrocarburos. “Vamos a necesitar por lo menos 15 a 25 años de gas y petróleo para poder hacer la transición completa de lo que requiere el país”, proyecta la ANH, que pretende apalancar los recursos necesarios para las energías renovables. 


De 2020 a 2023 se han registrado 31 avisos de descubrimiento, de los cuales 20 son de gas y 11 de petróleo. Todos están siendo supervisados semana a semana para ver cómo evolucionan y cuál será la fecha de inicio de la producción.

Una buena noticia para impulsar la transición energética se dio en abril, cuando el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de la Asociación Hidrógeno Colombia, llegó a un acuerdo con la Unión Europea para que ésta financie proyectos de hidrógeno en el territorio colombiano.

La iniciativa forma parte de un plan que busca modelos de financiación innovadores: “No solamente son las tecnologías que van avanzando, sino que también toda la regulación de los modelos financieros, la forma en la que están estructuradas las agencias y las instituciones”, comenta uno de los participantes.

Uno de los players destaca la importancia del sector privado en la estrategia para una transición energética justa. Según el participante, son las empresas de hidrocarburos las que pueden irrigar toda la cantidad de recursos, aportando, además, innovación. Sin embargo, para que las empresas confíen en invertir, es necesaria una estabilidad jurídica y regulatoria.

“Creo que es muy importante que el gobierno determine cuál va a ser el horizonte de la transición, porque si no se fija cuál es el horizonte de la transición, yo como empresa petrolera no voy a invertir en un activo que se va a quedar parado la vuelta de 15 años, porque no voy a poder obtener retorno que necesito”, alerta un tomador de decisión. 

Conclusión 

Players privados y autoridades públicas coinciden en que una transición energética justa debe ir de la mano con una política de diversificación productiva, sin dejar atrás municipios que hace 20 o 30 años basaron su economía en los hidrocarburos. El Gobierno tiene muy claro que la búsqueda de la transición se basará en una interacción entre Estado, sector privado y comunidades, valorando el bienestar social y una deuda a saldar con las regiones afectadas por la carbonización. El sector del gas natural, a su vez, se considera un puente para la transición, pero es necesaria la seguridad jurídica para evitar cualquier incertidumbre de inversión por parte de los inversores.

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