Termómetro de inversión: Una perspectiva legal de las tensiones México - EE.UU.

Por Belén Palkovsky

Los aranceles que Estados Unidos había amenazado con imponer desde la campaña electoral de Donald Trump finalmente están vigentes. La medida ha profundizado las tensiones comerciales entre América del Norte y sus socios, especialmente México, y ha reabierto interrogantes sobre la estabilidad del T-MEC y el futuro de las cadenas de valor globales.

En una entrevista exclusiva con GRI Club, Benjamín Torres-Barrón, socio de Baker McKenzie México, ofrece una visión fresca sobre los desafíos legales que enfrentan las empresas mexicanas, el papel del T-MEC frente a las tensiones comerciales y los impactos del enfoque de la administración Sheinbaum, incluida la controvertida reforma judicial, en la confianza de los inversionistas.

Mecanismos legales del T-MEC 

Torres-Barrón destaca que, desde el punto de vista legal, las empresas mexicanas no se encuentran desprotegidas frente a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Según explica, el Capítulo 31 del T-MEC (USMCA) establece un mecanismo robusto para la resolución de disputas, que incluye consultas bilaterales y, en caso de no lograr un acuerdo, la conformación de un panel internacional que emite un fallo vinculante. 

"De hecho, si se determina que estos aranceles constituyen una violación del tratado como una barrera comercial injustificada, se puede aplicar el Artículo 31 de esta manera", señala. Si el panel concluye que los aranceles infringen el acuerdo, la parte infractora debe acatar la decisión o enfrentar represalias por parte de la parte afectada, enfatiza el especialista.

Además, subraya que las herramientas legales no se limitan al T-MEC. México también podría recurrir al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para denunciar estas medidas como una violación de las normas internacionales de comercio. A esto se suma la posibilidad de que el gobierno mexicano adopte aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, un instrumento que, como recuerda, "la presidenta Sheinbaum ya ha utilizado en otras controversias comerciales".

Sin embargo, Torres-Barrón advierte que las vías jurídicas no son las únicas ni necesariamente las más rápidas para hacer frente al impacto de los aranceles. "Las empresas también pueden y deben diversificar sus cadenas de suministro para mitigar los efectos de estas medidas", apunta, resaltando la urgencia de que el sector privado adopte estrategias de adaptación frente a un entorno global cada vez más volátil e incierto.

Gas natural: el riesgo de la dependencia energética

Otro tema que genera creciente preocupación es la fuerte dependencia estructural de México del gas natural importado desde Estados Unidos, un insumo esencial tanto para la industria como para la generación de electricidad. En un escenario de tensiones geopolíticas, esta dependencia expone al país a riesgos críticos de suministro.

Desde Baker McKenzie, destacan que existen mecanismos legales y contractuales que las empresas pueden aprovechar para mitigar estos riesgos y garantizar el suministro. Según Torres-Barrón, los contratos a largo plazo entre proveedores estadounidenses y compradores mexicanos representan una herramienta clave en este sentido. 

“Estos contratos suelen incluir cláusulas de fuerza mayor, que permiten suspender temporalmente las obligaciones en caso de eventos fuera del control de las partes, como desastres naturales, actos de guerra o medidas gubernamentales", explica. "Estas cláusulas son fundamentales para mitigar riesgos ante interrupciones inesperadas en el suministro", subraya.

Además, aclara que los contratos pueden prever mecanismos de ajuste de volumen y cantidad, otorgando flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda o a interrupciones en el mercado. “Estas disposiciones permiten mantener un flujo constante de gas, incluso cuando surgen circunstancias imprevistas”, precisa Torres-Barrón.

Otra herramienta destacada por el especialista son las cláusulas de reparto de riesgos, que establecen cómo se distribuirán los costos o pérdidas en caso de interrupciones, protegiendo así a ambas partes de asumir de forma aislada el impacto de eventos adversos. 

"Esto fomenta una relación más equilibrada y resiliente entre proveedor y comprador", enfatiza.

Asimismo, los contratos pueden incluir disposiciones para revisiones y renegociaciones periódicas, que permiten ajustar los términos en función de la evolución de las circunstancias del mercado y aseguran que el acuerdo siga siendo justo y aplicable durante toda su vigencia. 

Por otro lado, la inclusión de mecanismos claros y detallados de resolución de disputas, como la mediación y el arbitraje, asegura un camino estructurado para resolver desacuerdos de manera eficiente. No obstante, el ejecutivo advierte que los contratos, aunque fundamentales, no bastan por sí solos para eliminar los riesgos. 

“La diversificación de las fuentes de suministro es un enfoque estratégico indispensable”, sostiene. En su opinión, invertir en infraestructura que permita importar gas natural desde otros países sería una vía efectiva para reducir la dependencia. “Esta estrategia no sólo mitiga riesgos geopolíticos, sino que también refuerza la seguridad energética nacional”, concluye.

Y la reforma judicial, ¿un golpe a la confianza de los inversionistas? 

En paralelo a los desafíos comerciales y energéticos, la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha encendido señales de alerta entre inversionistas, al ser percibida como una amenaza directa a la seguridad jurídica que durante años ha sustentado la inversión extranjera en México.

Desde Baker McKenzie advierten que la propuesta, que plantea la elección de jueces por voto popular y la reducción de escaños en la Suprema Corte, podría debilitar la independencia y experiencia del poder judicial, abriendo espacio a decisiones judiciales arbitrarias e impredecibles. "Para inversiones de largo plazo, la previsibilidad es esencial; sin ella, el ambiente se torna mucho más riesgoso", señalan.

Desde una perspectiva legal, esta reforma introduce desafíos y riesgos adicionales para los inversionistas, especialmente en sectores como infraestructura y energía, donde los proyectos dependen de certezas regulatorias y contractuales para viabilizar grandes inversiones. La falta de estabilidad y previsibilidad podría paralizar nuevos desenvolvimientos o encarecer sustancialmente su implementación, advierten los especialistas.

Además, la politización del poder judicial podría aumentar los riesgos regulatorios, al facilitar la validación de medidas discriminatorias o contrarias al marco legal vigente, afectando directamente la ejecución de contratos y la resolución de disputas. "Un entorno donde las decisiones judiciales puedan estar sujetas a presiones políticas genera incertidumbre incompatible con proyectos de largo plazo", enfatizan.

Frente a este escenario, se espera una mayor diligencia contractual por parte de empresas y fondos de inversión, con especial atención a la incorporación de mecanismos sólidos de resolución de disputas, como cláusulas de arbitraje internacional, para evitar litigios en tribunales locales potencialmente comprometidos. "Los contratos podrían tener que incluir disposiciones de mitigación de riesgos más detalladas para responder a posibles cambios regulatorios y proteger a las partes frente a estos riesgos", sostiene Torres-Barrón.

Asimismo, la revisión y adaptación de contratos actuales será clave para reforzar los esquemas de gestión de riesgos y prever vías claras de resolución de controversias. Según Baker McKenzie, las cláusulas de revisión periódica y renegociación también ganarán protagonismo para ajustar los acuerdos ante cambios en el entorno legal y político.

En definitiva, la reforma judicial obligará a las empresas a repensar sus estrategias legales, revisar contratos y fortalecer los mecanismos de resolución de disputas, en un contexto que se perfila más incierto y desafiante para los inversionistas, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura y energía.

Benjamín y otros líderes latinoamericanos se reúnen en agosto, en Ciudad de México, para debatir en profundidad estos y otros temas clave en la agenda de inversión en infraestructura y energía de la región. ¡Únete a la discusión!