Colombia busca destrabar el acceso a la vivienda con transporte y uso del suelo

Por Paulo Alfaro

Los desafíos y oportunidades del desarrollo urbano e inmobiliario en Colombia fueron abordados en un encuentro privado de GRI Club Latam en Medellín, que contó con PACTIA - Fondo Inmobiliario como co-host. 

La discusión reunió a líderes de los sectores público y privado para debatir temas clave como infraestructura de transporte, planificación territorial, vivienda y otros asuntos estratégicos.

Uno de los primeros temas tratados fue el papel de los organismos multilaterales en la orientación de políticas urbanas sostenibles. En este contexto, se destaca la certificación EDGE, promovida por International Finance Corporation (IFC), que ya ha certificado más de 20 millones de m² en Colombia —el volumen más alto registrado a nivel mundial.

“No hay otro país con tantos metros cuadrados certificados por EDGE”, señala una de las participantes. Esta certificación ha impulsado inversiones en edificaciones sostenibles, convirtiéndose en una herramienta fundamental frente al cambio climático.

La infraestructura de transporte es otro pilar en desarrollo. Un ejemplo es el proyecto “Tren del Río” en Medellín, Antioquia. Esta nueva línea ferroviaria complementará el sistema de metro de la ciudad, compartiendo la carga del transporte de pasajeros e integrando el territorio y los municipios del Valle de Aburrá mediante un sistema articulado.

Según una participante activa en la región, se proyectan otras seis líneas adicionales. La propuesta busca fomentar el desarrollo regional a través de la integración entre movilidad urbana y crecimiento alrededor de las estaciones, con foco en vivienda, comercio y valorización del suelo.

Este tipo de avance es esencial frente al déficit habitacional en Antioquia, estimado en 137 mil unidades, lo que representa el 23,3% de la demanda total. El gobierno local se ha propuesto como meta viabilizar 50 mil soluciones habitacionales para 2027, apostando por subsidios cruzados, infraestructura urbana y el uso de terrenos públicos.

Sin embargo, el desarrollo de proyectos en Colombia enfrenta obstáculos vinculados a la fragmentación normativa. Durante el debate se señaló que muchos municipios operan con Planes de Ordenamiento Territorial (POT) desactualizados, algunos aún bajo normativas del año 2000.

La falta de cartografías modernas y la poca claridad sobre el uso del suelo dificultan la viabilidad de nuevos proyectos, especialmente los de vivienda social. “Somos un país joven en términos de planificación. Estamos en la segunda generación de planes de uso del suelo, o en algunos casos excepcionales, en la tercera”, lamenta un participante.

Los ejecutivos también señalan la necesidad de revisar la legislación sobre propiedad horizontal. La dificultad para negociar con múltiples copropietarios y la falta de transparencia complican los procesos de renovación urbana. La gestión del suelo es vista como una de las principales barreras para ejecutar proyectos públicos y privados de manera eficiente.

La Ley 2079 de 2021 surge como un intento de reorganizar este escenario, integrando políticas de vivienda, ordenamiento territorial y gestión del suelo. Uno de los avances que aporta esta ley es la creación del Observatorio de Ordenamiento Territorial (art. 38), cuya misión es reunir y analizar datos técnicos para apoyar la formulación de políticas públicas a todos los niveles de gobierno. “Estamos empezando a generar una nueva regulación”, comenta un player.

También se debatió la superposición de competencias entre municipios y autoridades ambientales. Las normativas contradictorias entre diferentes niveles de gobierno generan inseguridad jurídica. El caso del municipio de Sipi, que carece de capacidad técnica y recursos para cumplir con exigencias nacionales, ilustra la brecha entre lo establecido por la ley y las realidades locales.

La falta de instrumentos eficaces para la captura de valor del suelo también se identificó como un obstáculo. Aunque estos mecanismos pueden financiar infraestructura urbana, su aplicación se ve limitada por marcos regulatorios débiles y resistencias políticas, especialmente en municipios pequeños.

Planeación urbana en Colombia se debate a través de un formato interactivo (imagen: GRI Club)

Players piden simplificación regulatoria y mayor protagonismo privado

Desde la perspectiva del sector privado, la complejidad regulatoria y la inseguridad jurídica son factores que desincentivan la inversión. La necesidad de navegar entre planes parciales, unidades de actuación urbanística y múltiples instancias interpretativas genera incertidumbre, alejando a los inversionistas que buscan estabilidad y claridad normativa a largo plazo.

Se propone una simplificación del marco regulatorio, dando prioridad a instrumentos directos como la licencia urbanística. El consenso entre los participantes del encuentro es que el capital privado debe liderar la definición de la oferta, mientras que el sector público debe actuar como facilitador, evitando intervenciones que desconozcan las dinámicas reales del mercado.

Aunque los subsidios a la vivienda se consideran necesarios, se advierte sobre los riesgos de modelos excesivamente dependientes del apoyo estatal, especialmente en municipios donde la población depende por completo de estos incentivos para acceder a una vivienda.

En este contexto, los desarrolladores han enfocado sus esfuerzos en ciudades como Medellín y Bogotá, donde existe una mayor capacidad de financiamiento privado y un público objetivo menos dependiente de políticas asistencialistas.

Sin embargo, se reconocen las buenas prácticas impulsadas por el departamento de Antioquia. Entre ellas destacan: el financiamiento total de obras de urbanización por parte del gobierno departamental en proyectos de interés prioritario, la exención de impuestos departamentales y la articulación con municipios para el uso de terrenos públicos. Estas acciones han permitido destrabar importantes desarrollos habitacionales en la región.

El panel concluye que el futuro del desarrollo urbano en Colombia debe apoyarse en tres pilares integrados: seguridad jurídica que atraiga inversión privada, planificación estratégica basada en infraestructura, y políticas públicas estables que promuevan la oferta de vivienda en zonas con demanda real.

Al cierre del encuentro, se evidencia la necesidad de que el sector público, la iniciativa privada y los organismos internacionales trabajen conjuntamente para convertir el debate en una acción coordinada y efectiva.