Energía limpia y APPs en el foco de la infraestructura colombiana

Por Paulo Alfaro

El avance de la infraestructura en Colombia ha dependido significativamente de altas inversiones públicas y de Asociaciones Público-Privadas (APP), con un énfasis especial en el sector de transportes, que todavía enfrenta desafíos en cuanto a la asignación de recursos. Al mismo tiempo, el gobierno y el mercado están uniendo esfuerzos para impulsar de manera efectiva fuentes de energía limpia y sostenible como parte de su camino hacia la transición energética, donde ocupan la 39ª posición a nivel mundial en términos de progreso en esta dirección.

Colombia GRI Infra & Energy 2023 desempeñó un papel crucial como un foro de discusión de estos temas, reuniendo a los principales players públicos y privados de los sectores de infraestructura y energía. El encuentro buscó encontrar un equilibrio entre el impacto social positivo y la rentabilidad financiera dentro de estos segmentos.

Durante la conferencia, se abordaron cuestiones relacionadas con la financiación, la regulación y la eficiencia energética, elementos clave para el crecimiento económico en un escenario en el que se prevé un modesto aumento del PIB hasta finales de 2023 (0,3% ↑). Las discusiones, que detallaremos a continuación, tuvieron como objetivo debatir formas de mejorar la sostenibilidad y la competitividad del país, aspectos considerados fundamentales para su desarrollo futuro.

Inversión pública y APPs en el centro del progreso

Colombia se espera que crezca solo un 0,3% para finales de 2023, según la proyección compartida por Laura Clavijo, Directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, durante una presentación realizada en la sesión de apertura.

Esta información es fundamental para comprender las dinámicas de los sectores financiero e infraestructura en el país. A pesar de que el gasto público ha sido un impulsor, las inversiones del gobierno, incluyendo las de infraestructura, aún no han alcanzado los niveles previos a la pandemia, representando actualmente el 19% del PIB, en comparación con el 22% anterior a la pandemia.

Entre los sectores que necesitan más inversión se encuentra el de transportes. El nivel de ejecución de recursos para inversiones en este segmento se informa como bastante bajo, con el Ministerio de Transportes aún teniendo 3,5 billones de pesos para gastar hasta fin de año.

Según Bancolombia, hay una cartera significativa de proyectos que son atractivos, pero "no se están adjudicando". Esto indica que, aunque existen proyectos potencialmente atractivos, no se están implementando como deberían.

En este sentido, los participantes refuerzan la importancia de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en proyectos de gran envergadura para estimular la economía y mejorar la competitividad.

“Creo que el esquema de APP ha proporcionado herramientas jurídicas y contractuales suficientes para que, dentro de un conjunto de mapas de riesgos y retornos esperados, se tomen decisiones empresariales que favorezcan a todas las partes”,  analiza un participante.

Hasta la fecha, se han adjudicado alrededor de 13,7 billones de pesos en proyectos de concesiones de quinta generación (5G) en infraestructura, incluyendo: la Vía del Valle del Cauca, Accesos Norte 2, Puerto Salgar, BarrancaBermeja San Roque Buenaventura y el Canal del Dique. Estas adjudicaciones se realizaron en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de acelerar los pagos y resolver cuestiones relacionadas con facturas y bienes atrasados.


Hay otros proyectos en fase de estructuración, sumando alrededor de 15 billones de pesos, como el tren-barra de Chiriguaná y el nuevo aeropuerto de Cartagena.

“El propósito es el gasto público como motivador de la economía, y esto quedó reflejado en el presupuesto de la Nación. Este presupuesto ya se ha establecido en un tope de 502 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro estuvo bastante involucrado en los detalles, asegurándose de mantener un gran rigor con respecto a la regla fiscal. Como resultado, se logró aumentar el componente de inversión pública, pasando de 62 billones a 95 billones [de pesos]”, señala una autoridad. 

Sumado al estímulo público, se menciona la expectativa de la entrada de inversión extranjera directa, ya que Colombia se encuentra entre los países que han tenido un desempeño positivo en lo que respecta a los flujos netos de capital, debido a una percepción de menor riesgo en los mercados emergentes.

Por otro lado, es necesario superar el endurecimiento monetario. Hasta la fecha de este informe (octubre de 2023), Colombia tenía la tasa de interés nominal más alta de la región, con un 13,25%, y la segunda más alta en términos reales (7,23%). Esta situación ha llevado a una disminución en la refinanciación, afectando principalmente la conclusión de las carreteras de cuarta generación (4G) de concesiones. Actualmente, estos proyectos tienen más del 75% de las obras completadas, cubriendo más de 8,000 kilómetros que conectan a Colombia.

Se espera que 2024 sea un año más favorable para la reactivación de la refinanciación, dada la expectativa de caída de la inflación y, en consecuencia, de reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Es importante destacar que los colombianos registraron una caída de la inflación durante cinco meses consecutivos entre abril y agosto de 2023, cuando en el último mes mencionado hubo una inflación de 11,43% en 12 meses:  "A medida que la inflación continúa disminuyendo, creemos que 2024 podría ser un año más interesante para reactivar la refinanciación", afirma optimista un participante.

Al final de la sesión de apertura, la pregunta que impulsó el debate vuelve: ¿cómo promover la confianza del inversor privado? Según el gobierno, la transparencia en las reglas del juego es fundamental para el éxito a largo plazo, y debe lograrse a través de políticas institucionales claras y un entorno empresarial predecible.

La seguridad jurídica también se menciona como un aspecto esencial, en consonancia con un entorno propicio para la inversión y la promoción de asociaciones efectivas entre los sectores público y privado. "Organizamos todo con tiempo suficiente, dándoles a ustedes, los inversores y operadores de infraestructura, la tranquilidad de que, al menos desde el punto de vista fiscal o del equilibrio fiscal y presupuestario, todo está en orden", dice una autoridad.

Proyectos viales: equilibrando lo fiscal y lo financiero

La infraestructura vial se ha destacado como una prioridad en las inversiones públicas de Colombia, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del país. Durante un debate sobre estrategias para garantizar el cumplimiento de las concesiones viales, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mencionó algunos de los megaproyectos en curso o finalizados.

Uno de ellos es el Rumichaca-Pasto, que recibió una inversión de 2,5 mil millones de pesos con el objetivo de mejorar la movilidad entre Colombia y Ecuador, a través de la construcción de siete puentes vehiculares. Este corredor vial de 83 kilómetros se completó en diciembre de 2022 y representa un hito importante en la infraestructura colombiana.

Otro megaproyecto mencionado es el corredor Boquerón - El Tablón, que conecta el primer tramo de la carretera Bogotá - Villavicencio con los municipios del Meta, con una inversión total de 6,346 millones de pesos. Se prevé que esté terminado para finales de 2024.

Cabe resaltar que Colombia tiene más de 40 proyectos viales en diversas etapas, incluyendo la preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento. En cuanto a la cuestión financiera, existen preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos, ya que el escenario fiscal permanece restringido hasta 2030 y no se prevé un aumento en las tarifas de peaje.

En relación a esto último, existe una relación directa con el Decreto 050 de 2023, que prohíbe el aumento de las tarifas de peaje para vehículos que transitan por el territorio nacional a través de estaciones de peaje administradas por el Instituto Nacional de Carreteras (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Pensando a largo plazo, uno de los participantes destaca que Colombia es uno de los pocos países que ha establecido un límite conocido como "cupo APP", según la Ley 1508, que define un tope máximo para el compromiso de recursos futuros en el desarrollo de estos proyectos.

Este límite se creó con el objetivo de garantizar una asignación adecuada de recursos y mantener la sostenibilidad fiscal: "Creo que sin estos dos elementos, difícilmente podríamos desarrollar proyectos. En Portugal, durante la crisis de 2008, se comprometieron en exceso con los recursos futuros en proyectos de APP. Creemos que esto no puede suceder en un país como Colombia, y por eso se establecen estos límites", explica uno de los participantes.

Otro ejecutivo agrega: "Colombia se percibe como un país con instituciones fuertes. La evolución que ha tenido en términos de profesionales cada vez más calificados nos ha sorprendido. El tema del cupo APP es bastante lógico y racional desde el punto de vista del equilibrio fiscal y también desde el punto de vista del límite de inversión del Estado", menciona, refiriéndose a una asignación de recursos que debe realizarse de manera estratégica.

Las posibilidades de financiamiento

Existe consenso entre los players presentes en la discusión de que hay un considerable interés en invertir en el sector vial, aunque la disponibilidad de recursos para proyectos más ambiciosos es limitada. Por esta razón, los participantes explican que la búsqueda de financiamiento a través de instituciones bancarias internacionales ha sido una práctica común.

Una de las propuestas mencionadas se refiere a proyectos que incluyen un componente de financiamiento en dólares: "Es muy importante que el programa de megaproyectos 5G analice la posibilidad de un componente en dólares. Esto ayudará mucho a hacer que las oportunidades y las tasas de financiamiento sean mucho más consistentes", opina un participante.

En relación al financiamiento, una ejecutiva elogia la posibilidad de utilizar fondos de deuda, ya que, según ella, ofrecen recursos en la moneda local y plazos de financiamiento a largo plazo, convirtiéndose en una opción atractiva para inversores institucionales. Aunque estos fondos pueden tener tasas ligeramente más altas, su capacidad para coordinar diferentes plazos los hace efectivos en la estructuración financiera.

Cuando se trata de sostenibilidad ambiental, esta cuestión adquiere un papel importante, especialmente en el contexto de las carreteras. El Ministerio de Hacienda se compromete a introducir una taxonomía verde que simplificará la emisión de bonos verdes para los proyectos viales, con un enfoque especial en las carreteras 5G. Esto tiene como objetivo fortalecer los proyectos y permitir que los concesionarios obtengan financiamiento a través de alternativas sólidas.

¿La transición energética es una realidad a la vista?

Colombia está atenta a los eventos climáticos extremos y comprende la importancia de migrar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles a largo plazo. Reconociendo la relevancia de este tema, Colombia GRI Infra & Energy 2023 llevó a cabo tres discusiones a puertas cerradas relacionadas con el asunto.

Dentro de un debate más amplio sobre el potencial del país para alcanzar la transición energética, se observa que tanto el sector público como el privado ya han dado los primeros pasos hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

Con un enorme potencial en fuentes de energía no convencionales, el país promulgó la Ley 2099 de 2021, cuyo objetivo principal es establecer un conjunto de regulaciones e incentivos para promover el uso de energías renovables no convencionales. El fortalecimiento de las prácticas establecidas por esta norma forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual la promoción de energías limpias es una de las acciones prioritarias de la gestión de Gustavo Petro.

Sin embargo, al avanzar en esta agenda, varios aspectos se revelan fundamentales, con énfasis en lo jurídico. Este cobró relevancia al principio de las discusiones, cuando un representante de una de las mayores empresas de energía de la región advirtió sobre la necesidad de ajustar las licencias. Según él, la agilidad en este proceso es esencial, ya que cualquier retraso puede resultar en la inviabilidad de los proyectos.


Además, la participación activa de las comunidades afectadas por los proyectos desempeña un papel fundamental en la transición energética. Los participantes enfatizan la importancia de esta estrategia, que ya forma parte de la agenda del Ministerio de Minas y Energía:  "Si no trabajamos codo a codo con la comunidad, no podremos concretar proyectos", advierte un participante.

Alemania y Estados Unidos se citan como ejemplos exitosos en este enfoque. Colombia, por su parte, todavía está lejos de establecer una relación sólida con las comunidades locales. "Necesitamos trabajar de la mano de las comunidades y migrar hacia una matriz mucho más limpia que el 74% de combustibles fósiles que tenemos hoy", concluye.

Se estima que los proyectos de energía en asociación con el sector privado implicarán una inversión aproximada de 20 millones de pesos en energía eléctrica y 9 millones de pesos en gas. Existe consenso entre los participantes sobre la importancia de dirigir las acciones a zonas remotas del país.

Sin embargo, es necesario superar el desafío de la eficiencia energética, ya que solo el 30% de la energía generada en Colombia se aprovecha eficazmente en el país, mientras que el resto se pierde debido al consumo ineficiente. Se deben implementar programas que aborden este problema en diversos sectores, incluyendo viviendas, transporte e industria.

En cuanto a las mejores prácticas a replicar, uno de los participantes menciona a Argentina como un ejemplo notable. Según él, el país se destaca por la implementación de aproximadamente 7.000 megavatios de capacidad en energía eólica y solar en solo cuatro años, una estrategia que los ejecutivos creen que Colombia también puede adoptar.

En términos de financiamiento, la transición energética en Colombia cuenta con el respaldo del 25% de los recursos obtenidos a través de bonos verdes. Según otro participante, este apoyo financiero podría ser aún mayor si hubiera más subastas de contratos de venta de energía a largo plazo.

"Es muy difícil respaldar un proyecto de financiamiento que no tenga un contrato de venta de energía que garantice, al menos, una parte significativa de nuestro trabajo de captación de recursos. Por lo tanto, estas subastas han desempeñado un papel fundamental en este proceso".

Ruta trazada para la energía limpia

Según el Índice de Transición Energética (Energy Transition Index - ETI), Colombia ha caído del tercer lugar en América Latina al sexto en el progreso hacia la transición energética, ocupando actualmente el puesto 39 a nivel global. A pesar de este declive, los participantes consideran que la posición sigue siendo relativamente satisfactoria. 

En 2022, el objetivo establecido era que el 12% de la matriz eléctrica proviniera de fuentes renovables no convencionales. Sin embargo, esta cifra se sitúa actualmente en alrededor del 10%, con proyecciones de alcanzar entre el 40% y el 50% para 2029-2030, teniendo en cuenta los proyectos en construcción y futuros emprendimientos.

Sin embargo, la simple asignación de proyectos no es suficiente; es necesario superar obstáculos, especialmente en el ámbito de la regulación. Los proyectos de energías renovables, como los solares, requieren grandes extensiones de tierra para la instalación de paneles u otras infraestructuras relacionadas con la generación de energía fotovoltaica. Durante la discusión, se reveló que solo el 10% de las propiedades colombianas están debidamente registradas.
 
Otro desafío es de naturaleza jurídica: alrededor del 65% de los proyectos de energías renovables enfrentan retrasos debido a problemas de licencias ambientales, y aproximadamente el 60% de ellos están relacionados con conflictos con las comunidades locales.

Un ejemplo mencionado durante el debate es la suspensión de la construcción del parque eólico Windpeshi, con una capacidad de 205 MW, en La Guajira. La suspensión ocurrió después de que Enel, la empresa responsable del proyecto, agotó todas las instancias corporativas en un intento por resolver los conflictos con las comunidades locales.

Uno de los participantes lamenta la situación: "Vemos proyectos con más de 10 o 11 años de retraso, lo que pone en peligro la confiabilidad del sistema".

Para la implementación de energías renovables, se destaca la importancia de los Acuerdos de Compra de Energía (Power Purchase Agreements - PPAs), ya que requieren contratos de 12 a 15 años para ser viables, mientras que en Colombia los contratos de 3 a 5 años son más comunes. Según los expertos, esta situación debe revertirse para atraer a los inversores.

La estrategia puede derivar en sostenibilidad financiera, un aspecto que uno de los participantes menciona como escaso cuando se trata de invertir en fuentes de energía renovable a lo largo del tiempo. Según el participante, existe una falta de atractivo financiero en proyectos renovables en comparación con proyectos no renovables, como las centrales térmicas, que pueden ofrecer mayores retornos.

"Es difícil justificar una inversión cuando hay otras oportunidades que dan un mayor rendimiento", lamenta, después de mencionar la dificultad de obtener retornos de dos dígitos en proyectos de energías renovables. Por otro lado, "en proyectos no renovables, como las centrales termoeléctricas, es posible obtener una ganancia del 20%. Esto se debe a que los inversores extranjeros y los fondos de inversión no pueden invertir en proyectos no renovables, lo que crea una mayor demanda", añade. 

Por lo tanto, el tema clave discutido es la ecuación riesgo-recompensa en energías limpias. Para que estos proyectos sean viables, es necesario encontrar un equilibrio entre el impacto social positivo y la rentabilidad financiera.

Una de las estrategias contempladas para lograr esta rentabilidad es la conversión de proyectos para recibir ingresos en dólares, en lugar de solo en pesos colombianos, visto como una solución viable para atraer más financiamiento externo.

Mercado enumera estrategias para lograr la descarbonización

Cuando se discuten estrategias para la descarbonización, el mercado afirma estar constantemente buscando referencias externas para reducir las emisiones en el territorio colombiano. En algunos países de Europa, iniciativas como la captura de carbono en aeropuertos a través de céspedes especiales están demostrando ser exitosas, y esto se considera una posibilidad para la realidad en Colombia.

Por parte del gobierno, existe un enfoque en la continuidad de proyectos ferroviarios de transporte urbano que tienen como objetivo combatir la descarbonización. La transición hacia vehículos eléctricos es un tema que agrada a los ejecutivos, pero señalan algunos desafíos que deben superarse.

Comenzando por la infraestructura, que implica expandir y hacer más accesibles las estaciones, ya que los propietarios enfrentan desafíos relacionados con la autonomía y la disponibilidad de carga.

La producción de baterías representa un desafío adicional, ya que involucra cuestiones ambientales y éticas, como la extracción de minerales en condiciones a menudo precarias, especialmente en África. Además, la adopción de combustibles más sostenibles con menores emisiones de carbono es una parte fundamental de esta transformación.
 
De acuerdo con uno de los participantes, existen cuatro áreas de innovación en las que Colombia aún necesita avanzar significativamente:

1. Almacenamiento de energía: una de las barreras más significativas para la adopción a gran escala de fuentes de energía renovable es el costo y la eficiencia de las baterías. Actualmente, las baterías son costosas y enfrentan desafíos relacionados con la obtención de materiales esenciales. El player estima que tomará de 10 a 20 años resolver estos problemas y hacer que el almacenamiento de energía sea más accesible;

2. Combustibles para la aviación: la aviación es una industria crítica que todavía depende en gran medida de combustibles fósiles. Aunque el hidrógeno se menciona a menudo como una alternativa, su producción, transporte e infraestructura de distribución aún están a unos 30 años de ser viables. Se informa que será necesario construir una red de distribución de hidrógeno y producirlo a un costo competitivo en comparación con la gasolina;

3. Energía nuclear: esta es otra opción que se ha debatido como una fuente de energía más limpia. Sin embargo, enfrenta desafíos ambientales y de seguridad, y su viabilidad, incluso en combinación con el hidrógeno, sigue siendo incierta.

4. Industria del acero y cemento: la producción de acero y cemento es una de las principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Ambas industrias tienen una larga historia y siguen produciendo gases tóxicos significativos. Cualquier avance en la producción de acero y cemento con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sería altamente rentable: "Si alguien en el mundo encuentra una manera de producir cemento y acero con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, se convertirá en un multimillonario", comenta, refiriéndose al hecho de que muchas empresas están invirtiendo en este sector en busca de soluciones más sostenibles. Las metas mencionadas solo se alcanzarán si hay financiamiento sustancial, incluyendo subsidios e incentivos del gobierno, y regulaciones que fomenten las prácticas sostenibles: "Los incentivos por sí solos no cambiarán la perspectiva de las personas, por lo que la ley también debe intervenir", opina un participante. 

Insights finais 

El escenario económico y la evolución del sector de infraestructura en Colombia presentan desafíos y oportunidades claras. El sector de transportes carece de inversiones efectivas, y la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APPs) se percibe como una solución viable para estimular la economía y mejorar la competitividad.

En lo que respecta a la transición a fuentes de energía limpia, a pesar de que ha habido avances, es necesario superar obstáculos legales y regulatorios, así como estrechar vínculos con las comunidades locales. La búsqueda de financiamiento es fundamental para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Esto requiere innovación y un cambio de paradigma en áreas como el almacenamiento de energía, los combustibles para la aviación, la energía nuclear y la industria del acero y el cemento.